Esta publicación tiene como principal objetivo el estudio detallado de la especial posición de la Administración Pública en el proceso ejecutivo en el orden social.
En ella se aborda un repaso de las medidas previstas por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, junto a un análisis detallado de las medidas que la norma procesal laboral prevé en materia de ejecución de sentencias frente a los entes públicos.
